Exempleados de la JLC se manifiestan en Casa Michoacán

Pese a buscar diálogo con el gobernador durante más de cuatro veces desde mediados de julio, el caso de la Junta Local (JLC) sigue irresuelto.

Exmpleados en la manifestación de esta mañana afuera del recinto gubernamental | Fotografía: Agencia Comunicación Gráfica.

Morelia, Mich.- Una vez más, tras cuatro manifestaciones en Casa Michoacán durante julio y agosto, en exigencia de sus pagos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, integrantes de la extinta Junta Local de Caminos (JLC) se presentaron con pancartas afuera de la antes Casa de Gobierno.

Luego de que los días 17, 25 y 31 de julio, así como el 7 de agosto, trabajadores de la junta disuelta hace cuatro años se movilizaran de manera pacífica para solicitar la resolución de sus casos en Casa Michoacán y el Palacio de Gobierno, hoy lunes durante la rueda con medios de comunicación que da Alfredo Ramíre, exempleados se dieron cita a las afueras del recinto gubernamental.

Lo que piden los extrabajadores es que se reubique a los entre 55 y 64 empleados en nuevas dependencias de la administración pública estatal o se les cubran los adeudos por concepto de liquidación de la JLC disuelta hace cuatro años.

Como se recordará, los trabajadores agendaron una reunión con Ramírez Bedolla el 25 de julio y, tras no obtener respuesta alguna, como en su momento señaló el exempleado Martín Barajas, los trabajadores volvieron a manifestarse en Casa Michoacán y Palacio de Gobierno, sin que a la fecha hayan sido atendidas sus peticiones.

En mayo, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que sí había recursos para liquidar a los extrabajadores, desvinculados de sus puestos en 2019 tras la desaparición de la JLC; sin embargo, los pagos no se habrían realizado hasta el momento.

Aun cuando fueron 155 los empleados afectados por la desaparición de la dependencia, unos 100 ya habrían sido ya atendidos, con lo que quedarían entre 55 y 64 a quienes aún se adeudan liquidaciones. Rogelio Zarazúa también dijo en mayo que no sólo a los exempleados se les adeudaban recursos, sino también a contratistas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), entre otros, todo lo cual sumaba 68 millones de pesos.